La acción estadounidense para reducir emisiones es necesaria para el Acuerdo Mundial de Protección del Clima – ¿Son suficientemente ambiciosas las regulaciones de EPA propuestas por el Presidente Obama?
Lara Skinner informa para TUED
Por primera vez en la historia, la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) de EE.UU. utilizó su autoridad bajo la Ley de Aire Limpio, aprobada por el Congreso en 1970, para proponer regulaciones que limiten la contaminación de carbón de plantas eléctricas existentes. Conocido como el “Plan de Energía Limpia”, muchos aplaudieron a la Administración de Obama por tomar el primer paso en reducir emisiones de una de las fuentes más grandes de gases causantes del efecto de invernadero (GHGs, por sus siglas en inglés) en la nación, las plantas eléctricas, las cuales representan 38% de las emisiones en EE.UU.
Muchos medios de comunicación reportaron que las reglas propuestas reducirían el CO2 de las plantas eléctricas a 26% por debajo de los niveles de 2005 para 2020, y a 30% por debajo de los niveles de 2005 para 2030. Sin embargo, las nuevas regulaciones de EPA no ordenan o garantizan en efecto una reducción específica en CO2 de las plantas eléctricas. Más bien, las reglas utilizan una tasa de emisiones de carbón o un acercamiento de ‘intensidad de carbón’ que permite la emisión de una cierta cantidad de CO2 por megavatio-hora de electricidad producida. A cada estado se le da una ‘meta de intensidad de carbón’ que, según cálculos de EPA, resultaría en una reducción en CO2 de 30% por debajo de los niveles de 2005 para 2030.
Las reglas de EPA permiten que cada estado utilice cuatro medidas para reducir la intensidad de carbón de su sector energético. Estas incluyen: 1) mejorar la eficiencia de plantas de carbón existentes; 2) generar gas natural nuevo; 3) expandir el uso de energía renovable eólica y solar o de otras fuentes renovables de bajo carbón; y 4) mejorar la eficiencia energética de la red de transmisión. Las reglas también promueven que cada estado utilice un sistema de límite e intercambio de bonos de carbón, basado en el mercado, para reducir las emisiones de plantas eléctricas.
Muchos temen que la flexibilidad extraordinaria de las reglas podría impulsar que estados cambiaran su generación de energía de carbón a gas natural, llevando a un aumento en ‘fracturación hidráulica’ (o fracking) para gas de esquisto. Considerando las emisiones, esto es alarmante porque estudios recientes sobre el impacto de la extracción de gas de esquisto muestran que este puede producir más emisiones durante el ciclo de vida que el mismo carbón cuando se toma en cuenta la fuga de metano en sitios de extracción. Además, si las reglas propuestas por EPA impulsan un mayor cambio en generación de carbón a gas, las empresas de carbón podrían posicionarse para exportar más carbón de EE.UU. a otras regiones del mundo, conllevando a un aumento en emisiones de CO2 a nivel mundial. Y ya que las reglas no ordenan una reducción concreta en CO2, su eficacia se podría disminuir aún más si el uso de energía en EE.UU. aumentara – es decir, si el consumo total de energía de carbón y gas aumentara, también aumentarían las emisiones.
Aunque los cálculos de EPA para la reducción de emisiones fueran precisos, solo resultarían en un descenso de 5-6% en el total de emisiones de EE.UU. por debajo de los niveles de 2005 para 2030. Por otro lado, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), la entidad científica autoritaria a nivel mundial sobre el cambio climático, ha hecho un llamado a países desarrollados como EE.UU. para reducir las emisiones por lo menos a 57% por debajo de los niveles de 2005 para 2030 y así limitar el calentamiento global a 2 grados centígrados. Es importante destacar que las emisiones de EE.UU. ya están más de 13% por debajo de los niveles de 2005 a causa de una disminución en la demanda de energía y un aumento en el uso de gas natural debido al auge de la fracturación. De hecho, en algunos estados como California, las metas para la reducción de emisiones de EPA podrían ser más débiles de lo que ya anticipaban lograr por sí mismos.
La Administración se enfocó en los beneficios a la salud pública en cuanto a la reducción de emisiones en su bombardeo publicitario alrededor de las nuevas reglas. Calcula que futuros cierres de plantas de carbón reducirán contaminantes del aire asociados como hollín, óxido de nitrógeno y dióxido de azufre por 25%. Para 2030 se espera que estas reducciones de CO2 resulten en 6.600 menos muertes prematuras; 3.300 menos ataques de corazón; 1.700 visitas a salas de urgencia prevenidas; 150.000 menos ataques de asma; 180.000 menos días de pérdida de escuela; y 310.000 menos días de pérdida de trabajo. No hay duda de que los efectos en la salud pública a causa de la minería, el transporte y la combustión del carbón le cobran un precio serio a la población de EE.UU., particularmente en comunidades de clase trabajadora y minorías, a menudo localizadas cerca de plantas eléctricas de carbón. El carbón es un gran contribuidor a la contaminación del aire, liberando mercurio y dióxido de azufre entre muchas otras toxinas y otros carcinogénicos conocidos. EPA calcula que por cada $1 de inversión que esta propuesta cree, se dan $7 de beneficios a la salud.
A pesar de la modestia de las nuevas reglas propuestas, la industria de carbón, los Republicanos, los Demócratas de estados donde hay carbón, y algunos sindicatos criticaron las reglas por el riesgo de que causen posibles pérdidas en trabajos, facturas más altas de electricidad y otros impactos económicos negativos. La Cámara Central de Comercio de EE.UU. publicó un reporte sobre cómo las reglas podrían costar 224.000 trabajos hasta 2030 y disminuir el PIB de EE.UU. por $50 mil millones anualmente. Sin embargo, mientras que EPA calcula que los costos de cumplimiento serían entre $7,3 mil millones y $8,8 mil millones anualmente, también dice que las reglas producirían beneficios económicos en su totalidad de entre $55 mil millones a $93 mil millones.
EPA está aceptando comentarios del público sobre la propuesta en el Registro Federal durante 120 días y llevará a cabo cuatro audiencias públicas en julio. Se anticipa la publicación de una regla final en un año.