El 4 de Septiembre fue establecida por un decreto de 1949 para recordar y enaltecer las tradiciones de las distintas colectividades que viven en nuestro país, y recuerda la disposición dictada por el Primer Triunvirato en 1812, que tenía la intención de fomentar la inmigración y ofrecer “su inmediata protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que deseen fijar su domicilio en el territorio”.
En aquella época cuando se hablaba de inmigración se hacía foco casi exclusivamente en la inmigración europea que luego en diversas oleadas fueron poblando el país, trabajando en el desarrollo agrícola primero, y luego realizando diversas ocupaciones conforme también iba creciendo su participación política en nuestro país.
La Constitución Argentina de 1994 mantiene el Preámbulo de la Constitución de 1853 donde se expresa “…, promover el bienestar general, y asegurar los beneficios de la libertad, para nosotros, para nuestra posteridad, y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino…”. Sin embargo, a través de la historia de nuestro país hemos visto como la inmigración no fue siempre bien recibida, lo que dependía fundamentalmente del origen de aquellos migrantes. Mientras por un lado la inmigración europea continuó siendo percibida como generadora del progreso, la inmigración proveniente de países hermanos latinoamericanos fue abordada desde el poder público (y reforzada desde los medios de comunicación) como un problema de seguridad nacional. Una excepción a esta “regla”, la dio la Ley de residencia de 1902, cuando con la intención de controlar el malestar social, se habilitó al gobierno a expulsar inmigrantes sin juicio previo. Aquella ley tenía un claro objetivo: reprimir al movimiento obrero organizado y estigmatizar a aquellos trabajadores identificados con el socialismo y el anarquismo que llegaban desde una Europa convulsionada políticamente.
La ley 22.439, conocida como «Ley Videla», fue otro instrumento del cual la Dictadura militar se dotó para ejercer el control social, considerando a los inmigrantes como un peligro para la seguridad nacional. Bajo este paradigma se negaron derechos humanos fundamentales, y se procedió a la detención y expulsión de inmigrantes sin que se respeten las garantías procesales básicas. Esta ley estuvo vigente también a lo largo de más de 20 años de democracia, y sirvió como sustento jurídico a una concepción que tenía eco también en los medios de comunicación y en parte de la opinión pública: el extranjero constituía un peligro para la sociedad siendo uno de los principales focos de la criminalidad a la vez que atenta contra la estabildiad y las condiciones de trabajo de la mano de obra nacional, toda vez que ocupan los trabajos disponibles y le quitan posibilidades de empleo a los argentinos.
Este argumento aunque expresamente falaz y discriminatorio, es el que predominó durante muchos años en nuestro país, y el que estigmatizó a los imigrantes de países fronterizos quienes caracterizaron las migraciones en nuestro país en las últimas décadas.
La ley 25.871 sancionada en el año 2003 y reglamentada por el decreto 616/10, vino a cambiar este paradigma, gracias a un fuerte trabajo y un consenso amplio de sectores políticos, sociales y académicos. A partir de esta nueva ley se dio paso a una visión basada en una óptica de derechos humanos, donde el migrante es ante todo un sujeto de derechos, dejando atrás la concepción que asociaba inmigración con criminalidad. Nuestra ley constituye un modelo para el mundo sobre como tratar las migraciones basada en derechos.
Sin embargo, pocos días atrás conocimos la noticia de la creación de un centro de detención de para migrantes en Argentina. Producto de un Convenio tripartito entre la Dirección Nacional de Migraciones, el Ministerio de Seguridad de la Nación y el Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se entregó en comodato un predio para ser utilizado a los fines de retener a aquellos inmigrantes en situación irregular en nuestro país como paso previo a la expulsión, donde la Policía Federal sería la encargada del traslado y custodia de los extranjeros detenidos. Más allá de las desmentidas oficiales sobre si este centro constituye una cárcel o no, lo cierto es que este hecho preocupa por la connotación que su mera existencia implica. El discurso de que sufrimos una “inmigración descontrolada” desde nuestros países vecinos es un argumento al que han recurrido en reiteradas oportunidades quienes hoy se encuentran en el gobierno. En tiempo de crisis económica y social, los dedos acusatorios que necesitan de un chivo expiatorio para explicar los conflictos que atraviesa un país han encontrado siempre en los extranjeros al blanco más fácil. La creación de este centro nos preocupa y nos ocupa ya que vuelve a asociar la inmigración con la criminalidad. Estaremos alertas para denunciar cualquier intento para estigmatizar a aquellos inmigrantes que quieran residir en nuestro país y que busque vulnerar los derechos legítimamente conquistados.
Por ello desde la Coordinadora de Centrales Sindicales del Cono Sur (CCSCS) hemos expresado nuestra denuncia y alerta a la región, sobre este hecho que significa un retroceso para nuestro país y para la integración regional.