Miles de campesinos de Paraguay desde el 10 de Julio de 2017 tomaron las calles de Asuncion. Recorrieron cientos de Km para acampar frente a la sede del congreso Nacional exigiendo la Ley de Emergencia Nacional campesina y la condonación de sus deudas.Durante mas de 36 días los campesinos fueron acompañados por estudiantes y trabajadores urbanos. A partir de su llegada a Asunción los campesinos lograron en el Senado, con una votación de 28 a 27 votos, la aprobación de la ley de Emergencia para la agricultura familiar, campesina indígena y la ley de rehabilitación financiera que fue rectificada por la Camara de diputados. Sin embargo, el presidente Horacio Cartes veto la ley de rehabilitación financiera. El presidente en un mensaje divulgado al país anunció que en caso de ser aprobada la ley de condonación de deudas para campesinos, el Estado tendría que cancelar cerca de 3.200 millones de dólares, aproximadamente el 25 por ciento del Presupuesto General de la Nación. En el comunicado, el presidente paraguayo, también informó que el Congreso podría levantar el veto y promulgar la ley de subsidios. Para esto tendría que obtener 23 votos reglamentarios. El proyecto de ley nuevamente volverá a la Cámara de Senadores para tratar el veto presidencial: “Quiero que sepan, que el congreso podría levantar mi veto si logran 23 votos en senadores y 41 votos en diputados, en cuyo caso, a pesar de mi veto esta ley quedaría promulgada».
Los miembros de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) responsabilizan al Gobierno de la crisis actual que enfrenta el sector de los campesinos debido a los fracasados proyectos productivos que han provocado deudas imposibles de pagar para los agricultores.
El gobierno por medio del ministerio de Agricultura y ganadería ofreció con bombos y platillos un plan productivo
“Sembrando oportunidades” que vaticinaba un cambio radical en la producción de pequeños productores y campesinos. El ministerio otorgo créditos a 70 mil familias para la producción de Caña de azúcar, chía y sésamo, entre otros productos alimenticios, y prometio asistencia técnica y semillas para poner en marcha dicho proyecto; pero la realidad es que se entregaron semillas en mal estado con una asistencia técnica que nunca llego. Ademas, los precios proyectados por el propio gobierno fueron mal calculados porque no se previó la caída de los precios del mercado. Muchos de los Campesinos frente a la caída de su producción se vieron obligados a adquirir créditos privados para cubrir su deuda con el estado. Los afectados comprenden unas 17 mil familias.
Genocidio, ecocídio y etnocidio
En Paraguay empresas transnacionales como Cargill, ADM, Bunge, Monsanto, Dreyfus y Bactcher, con sus socios locales, controlan el 90% de la exportación. De los 40 millones de hectáreas cultivables cerca de 38 millones ya están en manos del agronegocio. Alrededor de 2 millones de hectáreas están en manos del 33% de la población paraguaya, indígenas y campesinos que son alrededor de dos millones y medio, sobre una población que no supera los 7 millones. Lo paradójico de la desigualdad es que el sector campesino provee mas del 60% de los alimentos que consume toda la población Paraguaya. Los Campesinos en una lucha de desiguales resiste al modelo de extranjerización y monocultivo donde el 80% del suelo cultivable esta sembrado de soja y el 71,3% están controlados por el 1% de los terratenientes del país. Pese a ser la primera actividad económica de Paraguay, la siembra del grano apenas genera el 15% de los empleos. El ingreso nacional bruto convertido a dólares, es decir, el PIB per cápita paraguayo, es de poco más de US$ 4 mil, pero la mayor tajada del pastel se queda en los sectores que más crecen, como el agroproductor y agroexportador, que a pesar de representar hasta el 25% del PIB, el porcentaje de participación en los ingresos fiscales es tan solo del 2%.
Para la consolidación definitiva del agronegocio como modelo productivo su mayor y único impedimento son los campesinos. Según el Informe Final Anive haguã okio, realizado por la Comisión Verdad y Justicia de Paraguay, entre 1954 y 2003 se entregaron tierras a personas que pretendían ser beneficiarios del programa de Reforma Agraria Integral; sin embargo, el 64% de esas tierras no fueron destinadas a campesinos que la necesitaban para su subsistencia y alimentación sino a amigos del dictador Alfredo Stroessner o a personas vinculadas con el Partido Colorado. De un total de 12.229.594 hectáreas, 7.851.295 fueron adjudicadas con graves irregularidades
De las más de cuarenta millones de hectáreas que tiene el país, sólo 24 millones son productivas por lo que el 32% de las tierras está en manos privadas (ex presidentes, ministros, funcionarios de gobierno, militares y policías en servicio activo, senadores y diputados, políticos, latifundistas y dictadores perseguidos por la justicia de otros países refugiados en Paraguay). El aparato represor intacto, herencia del Stroesnismo, con jueces fiscales , fuerzas de seguridad legisladores y con complicidad de los medios hegemónicos de comunicación señalan y estigmatizan al campesinado y poblaciones originarias como el enemigo interno; señalados de vagos e ignorantes improductivos y peligrosos. El gobierno amparado en este paradigma no escatima en reprimir comunidades enteras, asesinar y o encarcelar a los dirigentes o referentes de dichas comunidades. El ejemplo mas vergonzoso y emblemático fue la Masacre de Curuguaty que posibilito el asalto de las multinacionales al poder político. ( http://www.agenciacta.org/spip.php?article18662).
El mundo campesino, con sus bosques y humedales esta en un proceso de extinción; estamos en presencia a la ultima etapa del destierro masivo. La organización del capital altamente mecanizado con una proporción ínfima de mano de obra y la primarización de las economías regionales, avanza hacia los últimos rincones donde ancestralmente viven las comunidades indigenas y campesinas.
La producción desregulada, el monocultivo (el 80% de la tierra cultivable se destina a la producciones soja) el uso de agrotóxicos (solo en Paraguay se utilizan unos 60 millones de litros de agroquímicos) y la introducción de semillas transgénicas (Los transgénicos, forman parte de este modelo de agricultura industrial. También se les conoce como Organismos Modificados Genéticamente (OMG), y son seres vivos nuevos que no existían antes en la naturaleza y que han sido creados en el laboratorio manipulando sus genes) son el sinónimo de la destrucción de los suelos y la biodiversidad y la contaminación de alimentos. En los últimos años y a partir del avance de la concentración de la tierra en manos de multinacionales se provoco el desplazamiento de pequeños y medianos productores hacia los cordones urbanos de las grandes ciudades, no solo de Paraguay, sino también de los países limítrofes. Las estadísticas reportan que falta de tierras y de empleo ha expulsado del campo a mas de 900.000 campesinos de los cuales 585.000 son menores de 30 años.
Una mirada sobre la región.
América latina en la ultimas década y media Según los censos realizados por organizaciones internacionales, se convirtió en la región del mundo con mayor desigualdad en la distribución de la tierra. Los datos son abrumadores: mas de la mitad de la tierra productiva en la región esta concentrada en el 1% de las explotaciones de mayor tamaño. el caso mas extremo es el de Colombia donde el 67% de las tierras productivas esta concentrado en el 0,4% de las explotaciones, muy cerca de Chile y Paraguay en ambos países el 1% de las explotaciones acapara mas del 70% de la tierra. Pese a representar más del 80% del total de explotaciones censadas, las pequeñas fincas apenas utilizan el 13% de la tierra productiva, La competencia por la tierra y la concentración de poder en torno a ésta se han intensificado en los últimos años con la acelerada expansión del extractivismo, un modelo productivo basado en la explotación de los bienes comunes con el fin de producir grandes volúmenes de materias primas ,recursos minerales, hidrocarburos, productos agroindustriales, ganaderos y forestales, fundamentalmente para el mercado global. Las plantaciones forestales en la región crecen a un ritmo de más de medio millón de hectáreas por año, ocupando una fracción cada vez mayor del territorio en Chile, Brasil y México. La ganadería avanza de forma imparable sobre el Gran Chaco (en Argentina, Paraguay y Bolivia), provocando las mayores tasas de deforestación del mundo y amenazando la supervivencia y el bienestar de pueblos indígenas; y la producción agrícola, liderada por cultivos como la soja, la caña de azúcar y la palma aceitera, bate récords de superficie año tras año en Brasil, Argentina y Paraguay.
Este auge del extractivismo ha contribuido a impulsar el crecimiento económico en la región y a mejorar los servicios públicos en países que supieron aprovechar la bonanza de precios para aumentar su inversión social. Pero la dependencia de las materias primas implica un riesgo importante por la volatilidad en los mercados internacionales, elevados costes ambientales y sociales y un aumento de la desigualdad a consecuencia de la acumulación de la riqueza y el poder. Los inversores y las corporaciones internacionales, por su parte, blindan sus intereses mediante instrumentos que a menudo desprotegen los derechos de las personas y debilitan la soberanía nacional. Los acuerdos de libre comercio y de inversión contemplan mecanismos de resolución de controversias que permiten a una empresa inversora demandar ante un tribunal internacional de arbitraje –pasando por encima de los tribunales nacionales– a un Estado que adopte cualquier medida que considere perjudicial para sus futuras ganancias.
En los últimos años más del 40% de los casos de asesinatos están relacionados con la defensa de la tierra y el territorio, el medio ambiente y los derechos de los pueblos indígenas .El conflicto entre los intereses de sectores privilegiados, frecuentemente respaldados por políticas hechas a su medida, y los derechos de las mayorías rurales ha dado lugar a una verdadera crisis de derechos humanos en la región. La creciente persecución y criminalización de comunidades indígenas y campesinas, mujeres y hombres en defensa de la tierra y los recursos naturales, forma parte de una estrategia de represión que se extiende por toda América Latina. Utiliza tácticas como la militarización de los territorios, los estados de excepción, la intervención de agentes de seguridad privada, codo a codo con fuerzas policiales y militares o la instrumentalización del aparato judicial para deslegitimar la protesta social con la colaboración de los medios hegemónicos de comunicación que instalan al campesino y a los pueblos originarios como el “enemigo Interno”. La matanza de los campesinos de Curuguaty en Paraguay ; el asesinato de Berta Cáceres Y Lesbia Yaneth en Honduras; Isidoro Baldenegro en Mexico; Laura Vasquez de Guatemala;,Emilse Manyoma de Colombia, o la desaparición de Santiago Maldonado en un operativo llevado a cabo por la gendarmería Argentina, son algunos de los ejemplos de el atroz atropello que se da a nivel regional sobre los pueblos en el continente.