Pacto espurio

El Congreso estadounidense aprobó el acuerdo comercial entre ambas naciones. Mientras que el presidente Santos lo celebró, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) aseguró que este tratado no garantiza la plena vigencia de los derechos laborales.

El Congreso estadounidense aprobó el acuerdo comercial entre ambas naciones. Mientras que el presidente Santos lo celebró, la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT) aseguró que este tratado no garantiza la plena vigencia de los derechos laborales.

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, celebró el miércoles la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, y dijo que marca el inicio de una nueva era de relaciones bilaterales y permitirá crear más empleo y reducir la pobreza en el país sudamericano. La Cámara de Representantes como el Senado también autorizó un pacto comercial con Panamá y Corea del Sur. Los tres TLC deben ser rubricados por el mandatario Barack Obama.

En un comunicado de prensa la CUT recordó que este acuerdo tuvo “un tránsito accidentado en el que por cerca de 5 años se le ha negado su ratificación, debido a las permanentes denuncias de violación a las normas internacionales del trabajo y de los derechos humanos”. Estas fueron realizadas por las centrales obreras y sindicatos de Colombia, su par de los Estados Unidos (AFL-CIO), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entre otras.

Para la CUT “no existe la más mínima intención del gobierno colombiano por garantizar la plena vigencia de los derechos de los trabajadores, especialmente los de asociación y negociación colectiva y el respeto por los derechos humanos”. Y ejemplificó: “En este periodo se firmó un acuerdo tripartito en la 95º Conferencia de la OIT de 2006 el cual no cumplió ninguno de sus cometidos puesto que empresarios y gobierno continuaron en su campaña en contra de los sindicatos y la negociación colectiva; además los asesinatos de sindicalistas continuaron al punto de que Colombia fue incluida posteriormente en la lista de países violadores de la libertad sindical a solicitud no solo de las centrales obreras colombianas sino del movimiento sindical mundial y algunos gobiernos”.

En abril de este año las administraciones de Washington y Bogota firmaron un plan de acción laboral con la misión de respetar la libertad sindical, pero la CUT y la AFL-CIO consideraron tal documento como “una carta de intención” que solo pretendía “la ratificación del tratado”.

En tal sentido, las cifras son elocuentes: “22 sindicalistas fueron asesinados durante el 2011 y han hubo 300 hechos de violencia antisindical, sin que se haya observado ninguna acción por evitarlo”, denunció la CUT, al tiempo que reparó en que la reforma del artículo 200 del Código Penal quedó “convertida en una burla puesto que su contenido que fue modificado en el cuarto debate en el Congreso colombiano, le quitó toda posibilidad de castigar ejemplarmente a los empleadores que coartan el derecho de asociación y de negociación colectiva o que utilizan los pactos colectivos como acto de discriminación de los trabajadores sindicalizados”.

Un estudio contratado por las centrales sindicales y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) indica que “solo el 1% de los trabajadores colombianos están cubiertos por contrato colectivo”.

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